La Ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) necesita mejorar y ampliar algunos aspectos. En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que para protegerlos de cualquier tipo de violencia, es esencial reforzar los mecanismos de atención temprana en todos los ámbitos y garantizar el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados.
Durante su intervención en una jornada sobre la transformación del sistema de protección de la infancia, organizada por la Plataforma de Infancia, Rego ha abogado por construir una cultura colectiva de protección en la que ninguna señal de alerta de violencia sobre la infancia y sobre la juventud pueda quedar sin respuesta. “Ninguna violencia puede quedar silenciada”, declaró públicamente, subrayando que el Gobierno de coalición ha incorporado a la agenda del país una perspectiva integral de la protección de la infancia, que pasa de ver a la infancia como algo que hay que vigilar a verla como el motor de la sociedad. “Tenemos que escuchar sus voces, aceptar sus preguntas incómodas y abrir espacios para que puedan participar en el diseño del futuro”.
Su participación en el evento ha servido para informar que su ministerio está ultimando el Real Decreto de Sistemas de Acogimiento, una norma que “va a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, reducir el tamaño de los centros, reforzar el apoyo a las familias acogedoras y apostar por programas de transición a la vida adulta".
La titular del ministerio ha recordado que el texto se ha desarrollado de la mano de los sindicatos y de las organizaciones de la protección de la infancia, y subrayado que "parte de un principio transversal: las niñas, niños y adolescentes deben participar en las decisiones que marcan sus vidas", justificando esta mirada estructural como indispensable, no solo de mejorar el sistema, sino de que cada vez haya menos niños y menos niñas que tengan que entrar en el.
La norma preverá el acompañamiento, la atención y el apoyo de las administraciones a las familias de acogida. En el mismo sentido, contemplará que las administraciones competentes deben garantizar, entre otros aspectos, la atención a las familias de acogida, su formación continua, recursos de apoyo y acompañamiento profesional o la promoción de espacios para compartir experiencias de acogimiento.
